Banobras destina 20 millones de pesos para un análisis integral que permitirá definir la estrategia técnica, jurídica y financiera ante las fallas recurrentes del acueducto.

Por gestión del Gobierno del Estado ante la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno de México avanza en una revisión integral del acueducto de la presa El Realito, con el propósito de establecer una ruta de solución de fondo que brinde mayor seguridad y continuidad al suministro de agua para las familias de la zona metropolitana de San Luis Potosí.

El titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, informó que Banobras lleva a cabo el procedimiento de licitación para contratar los estudios de factibilidad, con un presupuesto autorizado de 20 millones de pesos, mediante el esquema en el que participa el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). El análisis permitirá evaluar las condiciones actuales de la infraestructura y las distintas alternativas para su operación y desarrollo.

Explicó que como parte del proceso ya se realizó una visita de campo a la infraestructura y la CEA ha proporcionado documentación técnica, jurídica y financiera para que las instancias federales cuenten con los elementos necesarios para determinar la alternativa más conveniente.

Martínez Sánchez destacó que el diagnóstico contempla tanto la situación del acueducto como el Contrato de Prestación de Servicios vigente con Aquos El Realito, S.A. de C.V., por lo que una eventual rescisión contractual forma parte de las opciones que serán analizadas, sin que hasta el momento exista una determinación oficial al respecto.

El funcionario estatal señaló que se espera que hacia finales de octubre Banobras cuente con una postura sobre las alternativas, una vez concluidos los estudios de factibilidad y revisados los elementos técnicos, financieros y operativos del sistema.

El Gobierno del Estado, a través de la CEA, mantiene coordinación con las autoridades federales para acompañar este proceso y aportar la información necesaria, con el objetivo de que la decisión que se adopte permita avanzar hacia un esquema que otorgue mayor seguridad, confiabilidad y continuidad al abastecimiento de agua para las y los potosinos.