La Comisión Estatal del Agua participó en la presentación del programa Escritura Segura, impulsado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer y proteger el patrimonio de las y los potosinos a través del INRESVI.

Por impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno del Estado continúa fortaleciendo las acciones para brindar certeza jurídica y proteger el patrimonio de las familias potosinas, mediante programas que permiten dar continuidad a los procesos de regularización y facilitar el acceso a escrituras.

Como parte de esta estrategia, la Comisión Estatal del Agua (CEA) participó en la presentación del programa Escritura Segura en el municipio de Charcas, junto con beneficiarias y beneficiarios que podrán avanzar en los trámites necesarios para obtener certeza jurídica sobre su patrimonio.

El programa es impulsado por el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado de San Luis Potosí (INRESVI), en coordinación con las Notarías de San Luis Potosí y distintas dependencias estatales, con el objetivo de atender una problemática que durante años ha generado incertidumbre entre familias que carecen de documentos que acrediten plenamente la propiedad de sus viviendas o terrenos.

La estrategia Escritura Segura busca dar continuidad a los procesos de regularización y acercar soluciones a quienes requieren formalizar la situación jurídica de su patrimonio, simplificando y acompañando los trámites necesarios para que más familias puedan contar con la seguridad que representa tener una escritura.

Durante la presentación del programa en Charcas, se destacó que para el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona es una prioridad atender las necesidades que durante años permanecieron sin solución y construir mecanismos de coordinación entre las instituciones estatales para ofrecer respuestas concretas a la población.

La participación de la CEA forma parte de este esfuerzo interinstitucional, que permite sumar capacidades y acercar los servicios del Gobierno del Estado a las y los potosinos, particularmente a quienes enfrentan procesos pendientes de regularización que impiden contar con plena certeza jurídica sobre sus bienes.